INFORME COTEC

Esta información fue publicada el 3 de abril a partir de los datos publicados entonces por IGAE. Posteriormente, el 15 de mayo, el Ministerio de Ciencia e Innovación publicó una actualización de los datos. La información original y los gráficos han sido modificados para ofrecer los últimos datos disponibles.

El sector público estatal español invirtió el año pasado en I+D+I un total de 3.630 millones de euros, el 51,3% del presupuesto disponible (7.070 millones), según datos publicados por la Intervención General del Estado (IGAE). El 90,2% del presupuesto para I+D+I no ejecutado se concentró en el gasto financiero (capítulo 8), pese a que la tasa de ejecución en este apartado experimentó la segunda mejoría en 12 años.

 

La progresiva apuesta en los últimos años hacia el capítulo 8 en detrimento del gasto no financiero (capítulos 1 a 7) ha evolucionado en paralelo a un decreciente grado de ejecución de la política de I+D+I. El gasto financiero concentró en 2019 cerca del 60% del total del presupuesto para I+D+I y su tasa de ejecución fue del 25,4%. En el año 2008, por ejemplo, el capítulo 8 representaba la mitad del presupuesto y su tasa de ejecución rondaba el 80%.

En términos efectivos, la inversión para el conjunto de la Política 46 (I+D+I) en 2019 aumentó en 353 millones de euros respecto al año previo. Esta cifra mejora la de los cuatro ejercicios anteriores, pero sigue presentando unos niveles de inversión efectivamente ejecutada similares a los del principio de la serie histórica, previos al despegue de la inversión pública en I+D en España (segunda mitad de la década de los 2000).

Los capítulos 1 a 7 aglutinan transferencias corrientes, inversiones reales, gastos de personal, gastos de capital, gastos corrientes y subvenciones. El sector público estatal engloba a la Administración General del Estado (AGE), los Organismos Autónomos, las agencias estatales y otros organismos con presupuesto de gastos limitativos.

MEJORÍA INSUFICIENTE DEL GASTO FINANCIERO

La ejecución del capítulo 8 creció 7,3 puntos porcentuales en los dos últimos ejercicios (en 2017 fijó el mínimo en 18,1%). Esto supuso 350 millones de euros más de créditos en 2019 que en 2017, para sumar un total de 1.055. Esta cifra sigue, en todo caso, lejos del máximo histórico, 3.877, registrado en 2009.

Por otra parte, la tasa de ejecución del gasto no financiero también mejora en este último ejercicio. Se incrementa en 1,3 puntos porcentuales, hasta los 2.574 millones de euros efectivamente ejecutados.

La Agencia Estatal de Investigación, el ente que gestiona las principales convocatorias de proyectos consignadas en el Plan Nacional de I+D+I, mantuvo en su tercer año de presupuesto propio una tasa de ejecución del 85,4%, ligeramente por encima del valor de 2018 (85%).

El acuerdo de coalición del nuevo gobierno establecía tanto un compromiso de aumento del gasto en I+D por encima del crecimiento nominal del conjunto del gasto, como una recomposición del presupuesto hacia los capítulos de gasto no financiero, que se materializarían cuando se aprobaran los Presupuestos Generales del Estado.

LA SEGUNDA TASA DE EJECUCIÓN MÁS BAJA ENTRE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS DE GASTO

La I+D+I es, con una diferencia significativa, una de las partidas que menor tasa de ejecución presupuestaria registra entre todas las políticas del sector público estatal, solo por detrás de Comercio, Turismo y Pymes (42,5%). De hecho, son las dos únicas políticas cuya ejecución quedó por debajo del 70% en 2019. En el otro extremo de la tabla, con tasas por encima del 90% de su presupuesto ejecutado, aparecen las políticas de Pensiones, Defensa, Justicia y Seguridad ciudadana.

Si se desagregan las cifras entre AGE y Organismos y agencias estatales, se observa una enorme disparidad tanto en las tasas de ejecución, como en la distribución de los capítulos de gasto. Mientras que la tasa de ejecución de los organismos ha mantenido una tendencia constante desde 2000, en torno al 90%, la ratio relativa a la AGE se ha desplomado de manera progresiva, hasta alcanzar su mínimo histórico en 2017, cuando se situó en el 29,7%.

El año 2017 supuso un punto de inflexión en esta tendencia. La tasa de ejecución del subsector Estado se ha incrementado desde entonces en 6,9 puntos porcentuales, hasta el 36,6% (incrementando el gasto efectivamente ejecutado en 467 millones de euros en el acumulado de los dos últimos años).

Por el contrario, la tasa de ejecución del resto de organismos del sector público estatal acumula un retroceso de 4,3 puntos porcentuales desde 2017. Este retroceso se traduce en una reducción acumulada del gasto efectivamente ejecutado de 552 millones en los dos últimos años.

Por su parte, la tasa de ejecución del resto de organismos del sector público estatal mejora, por primera vez, desde 2013. En este último ejercicio el gasto efectivamente ejecutado se incrementa en 112 millones respecto al año anterior.

UN DECENIO PERDIDO

En la primera década de siglo la tasa de ejecución en políticas de I+D+I rondaba el 90%. Desde 2009, cuando se registró el nivel máximo de inversión efectivamente ejecutada (8.476 millones de euros, un 81,6% de lo presupuestado ese año), se han venido desplomando tanto los presupuestos asignados a I+D+I, como su aplicación efectiva, acumulando caídas del 32% y de 30,3 puntos porcentuales, respectivamente.