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La Comisión Europea aprobó ayer el Public Procurement Act, la mayor revisión del marco europeo de compra pública desde 2014. La propuesta sustituye las tres directivas vigentes (2014/23, 2014/24 y 2014/25) por un reglamento único de aplicación directa y sin transposición nacional. Uno de los informes en los que se basa la reforma, y que también se hizo público ayer, ha sido elaborado por la Fundación Cotec y la consultora SILO, por encargo de la Comisión.

Se trata del estudio SME Participation in EU Public Procurement: Evidence from TED (2018–2023), que analiza 3,7 millones de contratos adjudicados en el Espacio Económico Europeo entre 2018 y 2023, combinando análisis descriptivo y modelos econométricos.

El documento aporta a este debate un dato central: las pymes ganan el 56,5% de los contratos en la UE, pero solo el 44% de su valor. En España, la brecha es mayor (en el periodo 2018-2023, las pymes ganaron el 46,3% de los contratos y apenas el 25,4% del valor, la segunda tasa más baja de la UE), aunque con tendencia al alza (del 41,6% en el trienio 2018-2020 al 49,3% en 2021-2023).

La nueva normativa comunitaria se articula en torno a tres ejes: simplificación y digitalización de los procedimientos; preferencia europea en sectores estratégicos por razones de seguridad económica; y una integración más sistemática de la sostenibilidad, lo social y la innovación en la adjudicación, desplazando el peso desde el precio hacia la calidad.

No es un asunto menor: la contratación pública equivale a cerca del 14% del PIB de la UE (unos dos billones de euros anuales) y es una de las mayores palancas de innovación a nuestro alcance.