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El hidrógeno verde es clave para descarbonizar sectores difíciles de electrificar, como la industria pesada, la aviación o el transporte marítimo. Aun así, hoy supone menos del 1 % de la demanda mundial de hidrógeno. Este estudio analiza qué están haciendo otros países para impulsarlo y qué medidas podría adoptar España para aprovechar su posición de partida.

España parte con ventaja para liderar la economía del hidrógeno verde en Europa. Tiene un gran potencial renovable, experiencia en investigación y un tejido industrial preparado, y es el segundo país europeo con más valles de hidrógeno analizados en este documento (7), solo por detrás de Alemania (16). Sin embargo, el mercado sigue dominado por los combustibles fósiles. En 2023, producir un kilo de hidrógeno verde en España costaba 5,6 euros, frente a los 2,7 euros del hidrógeno gris, obtenido a partir de gas natural.

El informe compara entre sí las políticas de innovación del conjunto de la Unión Europea y ocho países: Alemania, Australia, Canadá, Chile, Estados Unidos, Francia, Países Bajos y Reino Unido. El análisis tiene en cuenta, por un lado, las políticas desde la oferta, como el apoyo a la I+D; y, por otro, las que estimulan la demanda, como la compra pública de innovación, los incentivos fiscales o los contratos por diferencias. De esta comparativa extrae buenas prácticas que son aplicables al caso español.

Su principal conclusión es que el despliegue debe ser equilibrado en toda la cadena de valor: producción, transporte, almacenamiento y uso final. De poco sirve acelerar la producción si las infraestructuras o los usos finales no están listos para absorberla.

El documento es fruto de un Grupo de Trabajo de Cotec, coordinado Moeve, en el que han participado 31 organizaciones: ACS Iridium, Adif, Agbar, la Agencia de Ciencia, Competitividad Empresarial e Innovación Asturiana (SEKUENS), la Alianza 4 Universidades, ArcelorMittal, Atlantic Copper, Ayming, el Ayuntamiento de Málaga, C2X, el CDTI, la Ciudad Autónoma de Melilla, la Comunidad de Madrid (Consejería de Educación, Ciencia y Universidades), la Corporación Tecnológica de Andalucía, EDP España, ENISA, la Fundación Tecnalia, el Gobierno de Aragón, el Gobierno de Navarra, el Grupo SPRI, Iberdrola, el IVACE, la Junta de Extremadura, Naturgy, la ONCE, Patentes Talgo, Primafrio, Repsol, TMC Employeneurs España y la Universidad de Granada.