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La presidenta de Cotec, Cristina Garmendia, abrió esta semana el evento La fiscalidad como motor financiero para la innovación, organizado por la entidad financiera Elkargi en su sede, en Donostia-San Sebastián. El acto analizó con detalle las estrategias fiscales para estimular la inversión en innovación que siguen tanto el territorio común como los territorios forales y los países del entorno.

Garmendia destacó en su intervención la buena salud de los datos de inversión en I+D en el País Vasco, 2,32% del PIB en 2021, por encima de la media europea, del 2,15%. Y aportó un dato que resulta aún más relevante: la participación del sector privado en el territorio vasco es del 75%, muy por encima del 52% de la media nacional. “Es evidente que cuando hablamos del impacto de las políticas de I+D+I hay muchos componentes y no es fácil concluir que una determinada herramienta tiene un determinado impacto", dijo la presidenta de Cotec, que añadió: "Pero no cabe duda de  que hay una herramienta que es clave: la fiscalidad”.

La primera mesa redonda trató sobre la situación del País Vasco y Navarra frente a la del territorio fiscal común, así como frente a los ejemplos de dos países vecinos: Francia y Portugal. La mesa estuvo moderada por el director de Economía y Finanzas de Cotec, Aleix Pons, y contó con la presencia de Soraya Gamonal, directora en Deloitte del área de Incentivos Globales a la Innovación y a las Inversiones, y José María Casado, director de la división de Evaluación de Gasto Público de la AIReF.

El debate partió de un dato: la inversión privada de las empresas españolas es anualmente, de media, un 0,8% del PIB sobre la I+D. Es un porcentaje que está muy por debajo de la media europea, en torno al 1,5%, y que subraya la situación diferencial que se da en el País Vasco, donde las empresas invierten en torno al 1,7% del PIB del territorio.

Soraya Gamonal, de Deloitte, reveló que la consultora está recibiendo cada vez más peticiones por parte de las empresas para entender el marco regulatorio de incentivos fiscales en cada territorio para invertir en I+D+I. José María Casado, de AIReF, destacó la evaluación que hizo este organismo en el año 2020 a los beneficios fiscales a la I+D+I, cuya conclusión principal fue que hay un punto y medio marginal. Es decir, cada euro de inversión pública moviliza un euro y medio de inversión privada. El economista recomendó agilizar los procesos de inversión, especialmente para las pequeñas empresas, para las que debería ser un mecanismo “casi automático”, dijo. 

La mesa contó con dos incorporaciones por videollamada: la de Víctor Cruz, de FI Group, y la de Carlos Artal, de Ayming. Ambas intervenciones hicieron una comparativa de la situación de España con Portugal y con Francia, respectivamente. Destacaron los datos del país luso que, como Aleix Pons explicó, es el tercer país de la UE con mayores incentivos fiscales a la I+D+I, tras Francia y Austria. Portugal invierte 29 millones de euros más que España, siendo un país seis veces más pequeño.

La segunda mesa redonda puso el foco en el régimen foral y contó con la presencia de Jokin Perona, diputado foral de Hacienda de Gipuzkoa, Cristina Oyón, responsable de sostenibilidad de la SPRI (Agencia vasca de desarrollo empresarial) y Zenón Vázquez, director general de Elkargi.

Jokin Perona, titular de Hacienda de la diputación foral de Guipúzcoa, afirmó que el papel de la administración en el incentivo a la innovación es fijarse en “los mejores de la clase”. “Vimos que las mejores prácticas se hacían en países nórdicos. Dinamarca, Finlandia y Suecia eran las que tenían las mejores posiciones en el ranking. Aunque no era solo una situación de fiscalidad, sino de más circunstancias”, explicó.

En el acto también participó por videollamada el subdirector de coordinación y asistencia técnica de la Hacienda Foral de Vizcaya, Juan Sebastián Sanz, que destacó la seguridad jurídica que aportan los informes de calificación de actividades por parte de las empresas públicas.

Cristina Oyón, de SPRI, destacó el papel de esta agencia vasca a la hora de trabajar con las diputaciones para promover los proyectos de I+D: “Estamos en una situación diferente respecto al territorio de fiscalidad común. Cada año emitimos entre 2.300 y 2.400 informes de calificación a efectos fiscales, que complementan el trabajo que hacen las diputaciones, de empresas que se suman a la desgravación fiscal”. Oyón calcula que esto supone que las empresas vascas se desgravan unos 150 millones de euros.

Por último, Zenón Vazquez, de Elkargi, hizo hincapié en la voluntad de esta entidad financiera por ser el vehículo que acerque a las empresas esas políticas de incentivo a la innovación. “Vemos que muchas empresas por miedo o dudas no las utilizan”, concluyó.